Tanto el oficialismo como la oposición no quieren eliminar este impuesto , la única diferencia es que la oposición quiere que se coparticipe con las provincias .
Los diputados del oficialismo y de la oposición ajustaban anoche sus lápices para realizar el conteo de adhesiones que podrían lograr hoy en el recinto durante el tratamiento en sesión especial del paquete de leyes económicas enviado por el Poder Ejecutivo, con énfasis en la prórroga del impuesto al Cheque.
Los legisladores del Frente Para la Victoria (FPV) aseguraban que lograrían imponer sin cambios la iniciativa, aunque admitían que con número ajustado, es decir, apenas por encima de los 129 votos necesarios para aprobar el proyecto.
Los otros -radicales, peronistas disidentes, socialistas, cobistas, integrantes del PRO y la Coalición Cívica- contabilizaban 90 apoyos al dictamen común que impulsaron, y que propone ajustar la distribución de ese tributo de acuerdo a la Ley de Coparticipación Federal vigente.
Conscientes de que esa cifra no sería suficiente para poner freno al proyecto del Gobierno, apostaban a que algunos diputados del oficialismo decidieran rebelarse y fijar postura contraria a la de su bancada.
La norma tal como fue enviada por el Ejecutivo, busca prorrogar por otro año la ley 25.413 que impone un tributo a los débitos y créditos bancarios y cuya recaudación le aporta al Tesoro entre 20.000 y 22.300 millones de pesos anualmente. Esta masa de dinero se distribuye de modo que el 70 por ciento lo retiene la Nación, y del 30 por ciento restante sólo el 15 por ciento llega a las provincias.
Por eso la oposición reclama que lo recaudado por ese impuesto se reparta tal como lo establece la ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, es decir, el 42,34 por ciento en forma automática a la Nación, el 56,66 al conjunto de las provincias adheridas de acuerdo con porcentajes ya estipulados, el 2 por ciento para el recupero del nivel relativo de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Neuquén y Santa Cruz, y el 1 por ciento para el Fondo de Aportes del Tesoro Nacional.
Esto significa que, en el caso de Mendoza, por ejemplo, la recaudación pasaría de los 130 millones vigentes a 430 millones, aproximadamente, ya que a la provincia le corresponde el 4,33 por ciento del dinero coparticipable.
El oficialismo, en cambio, argumenta que la crisis internacional obliga al Estado a contar más que nunca con los recursos para hacer frente a un escenario de recesión o, al menos, desaceleración de la economía argentina.
Algunas versiones indicaron que el propio ex presidente Néstor Kirchner se encargó de hablar con los gobernadores para garantizar el apoyo al paquete de leyes económicas y que habría logrado su cometido, a pesar de que varios de ellos se mostraron disconformes con el reparto de ese tributo.
Los diputados díscolos del oficialismo, que hace una semana formaron un bloque propio llamado Unión Peronista, debutarán formalmente hoy como bancada para apoyar este dictamen de minoría elaborado por la UCR, aún cuando a través del mendocino Enrique Thomas (Mendoza) impulsaron un texto casi idéntico al de sus circunstanciales aliados radicales.
Si en algo coincidían ayer oficialistas y opositores es en dar casi por sentada la aprobación de la iniciativa como llegó del Ejecutivo. La diputada del Frente Para la Victoria, Patricia Fadel admitió que se estaba en proceso de acercamiento con bloques como el de Claudio Lozano y los ex ARI de Solidaridad e Igualdad (SI) para sumar apoyos, y pronosticó que la sesión va a ser extensa.
Su colega del radicalismo, Silvia Lemos (Mendoza), dijo que el objetivo de la oposición es convencer a algunos diputados del oficialismo de rechazar la medida, aprovechando que se necesita una mayoría especial, pero reconoció hasta ahora "la mejor posición" lograda en conjunto por estas bancadas fue la de las retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias, y así y todo no alcanzó para vencer al oficialismo en el recinto.
Además de esta ley, que integra el paquete de prórrogas como la Emergencia Económica, se tratará hoy la continuidad del impuesto que grava el precio final de los cigarrillos, el ajuste del monto mínimo no imponible del impuesto a los bienes personales, y el aumento de la alícuota del gasoil del 21 al 22 por ciento para el transporte de pasajeros de áreas urbanas y suburbanas.
